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Superintendencia rechaza renovación de permiso de Enjoy para operar Casino en Castro

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) finalizó el proceso de evaluación de las ofertas sin asignar puntajes, dejando el permiso de Enjoy disponible a partir de 2027. La empresa aún pueda apelar. Desde el concejo municipal manifestaron preocupación por la medida en medio de una investigación de la Fiscalía Nacional Económica por posible colusión entre los operadores.

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) decidió dar término a la evaluación de las ofertas técnicas presentadas por Inversiones y Turismo Chiloé S.A. (filial de Dreams) y Rantrur S.A. (filial de Enjoy), que postulaban a un permiso de operación de casino en la comuna de Castro. 

Cabe recordar que Enjoy estaba solicitando la extensión de su permiso por otros quince años en la capital chilota. La Superintendencia informó que la decisión se tomó tras concluir la evaluación de las ofertas técnicas presentadas por ambas empresas para el otorgamiento del permiso de operación en dicha comuna. La misma resolución se aplicó a la postulación de Dreams para ampliar su operación en la ciudad de Coyhaique.

RESOLUCION

Según se informó en el sitio web de la SCJ, esta decisión finalizó el proceso de Otorgamiento de Permisos de Operación, iniciado en septiembre de 2023. En su comunicado, indicaron que el proceso «finaliza sin asignación de puntajes y sin la realización de la etapa de apertura de ofertas económicas, lo que fue ratificado por el Consejo Resolutivo de este organismo, según consta en las Resoluciones Exentas N°794, 795 y 793, respectivamente».

De esta manera, la Superintendencia descartó a ambos operadores para la renovación de sus permisos, que quedarán disponibles a partir de 2027, una vez expiren las licencias actuales de Casinos de Juego Coyhaique S.A. y Rantrur S.A., el 19 de abril y el 8 de mayo de ese año, respectivamente.

La entidad explicó que, durante la evaluación técnica de los proyectos para los permisos de Castro y Coyhaique, su Comité Técnico Evaluador concluyó que «dichas propuestas no cumplieron con alguna de las obligaciones establecidas en la Ley N°19.995, en el Decreto Supremo N°1722, de 2015, de Hacienda, que aprueba el reglamento para la tramitación y otorgamiento de permisos de operación de casinos de juego o en las bases técnicas”.

Finalmente, indicaron que, “en consideración a lo anterior, la Superintendencia iniciará durante este año un nuevo proceso de otorgamiento de permisos de operación para un cupo disponible a nivel nacional y uno en reserva en la Región de Aysén”.

REACCIONES

Tras conocerse la decisión de la SCJ, desde el concejo municipal manifestaron preocupación. Uno de ellos fue el edil Jorge Luis Bórquez, quien reparó en los efectos que tiene para el turismo en la zona la presencia del casino de juegos y su infraestructura asociada.

«Independiente de la concesionaria que se adjudique la licitación, necesitamos tener ese polo de atracción turística. Es un casino que, aparte, cuenta con una muy buena infraestructura hotelera, que permite entregar un excelente servicio a los turistas que visitan nuestra localidad. Además, son más de 200 puestos de trabajo, lo cual no es una cifra menor», indicó.

En esta línea, recordó también que, por concepto del funcionamiento del casino en la comuna, el municipio recibe una importante cantidad de recursos anuales. “Son cerca de 280 millones de pesos al año, que van destinados directamente a proyectos de construcción en infraestructura. Entonces, dejaríamos de hacer muchas cosas, más por un tecnicismo, ya que es en solo dos casinos a nivel nacional. Ahora, también entendemos que el casino va a apelar y que la concesión actual es hasta 2027, expresó. Cabe consignar que a principios de octubre, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento contra Dreams, Enjoy, Marina del Sol y cinco de sus altos directivos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), acusándolos de colusión para manipular las licitaciones de permisos de operación de casinos en 2020 y 2021, logrando renovar sus permisos a precios inferiores a los posibles en una licitación justa. La FNE solicitó al TDLC multas sin precedentes de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (aproximadamente US$151,9 millones) y la revocación de dichos permisos, extendiéndolos solo hasta que otros operadores los obtengan en un nuevo proceso.

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