COLUMNASOPINIÓN

Dignificar la labor del Periodista

Una Columna de Opinión de Fabiola Ancapichún, Presidenta del Colegio de Periodistas Décima Sur.

El 11 de julio de 1.956 se creó el Colegio de Periodistas de Chile por don Juan Emilio Pacull, bajo el Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Gracias a la Ley 12.045, se le dio la categoría universitaria a nuestra profesión y, a contar de entonces, celebramos el Día del Periodista.

Pacull le dio valor y significado a nuestra profesión, que pasó de ser un oficio a una carrera universitaria.

Al celebrar un nuevo aniversario, queremos honrar su memoria y reiterar nuestro compromiso por el fortalecimiento de nuestro gremio y protección de periodistas, como también defender la plena libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información.

En los últimos años, el rol de los y las periodistas es fundamental para fortalecer la democracia y dar relevancia a la profesión, ya que no sólo nos desempeñamos en medios de comunicación, sino que también en reparticiones públicas y en el sector privado. Sin embargo, es lamentable que en la actualidad nuestra profesión se ve mermada y poca valorada, ante el incumplimiento reiterado de la ley 19.733, contratando en puestos de periodistas a profesionales que no son idóneos en los cargos públicos.

Al alero de la Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo”, que indica que “para ejercer los cargos de jefe de prensa o periodista en algún órgano de la administración centralizada o descentralizada del Estado, o alguna de sus empresas, se requiere estar en posesión del título de periodista…”, hemos reiterado, tanto a la Delegación Presidencial Regional como a SEGEGOB y algunos parlamentarios, dar cumplimiento a la norma.

Sin embargo, somos testigos de cómo algunas autoridades avalan el ejercicio ilegal de la profesión y, además, no respetan el Estatuto Administrativo, que señala claramente que “…en cargos que exigen la posesión del título profesional determinado, es menester que las labores encomendadas guarden relación con el diploma respectivo”.

Tal es el caso de la Delegación Presidencial de Palena, donde las comunicaciones son ejercidas por una sicóloga, o la SEREMI de la Mujer y Equidad de Género, donde existe una abogada, pero es contratada como “profesional de apoyo”. Ahora, se suma el caso de la SEREMI de Justicia y Derechos Humanos, que también cuenta con un abogado en el área de comunicaciones, luego que fuera eliminado el puesto de periodista.

Esta decisión no sólo es un menoscabo laboral y un menosprecio por el rol profesional, sino, además, un grave error estratégico de gestión, pues aleja a la institucionalidad pública, al Estado, al gobierno y sus políticas públicas de la ciudadanía. Además, en una cartera tan importante como lo es Justicia y Derechos Humanos, no sólo es un despropósito, es una contradicción trascendental con los principios declarados por este gobierno.

Por otro lado, precarizar los equipos de comunicaciones en regiones, mientras se fortalecen a nivel central, incurre quizás en la más lamentable y esencial de las contradicciones de un poder Ejecutivo que se constituyó sobre la promesa de la descentralización, mostrando un evidente desdén por las regiones.

¿Quién fiscaliza que se cumpla la ley? Nadie.

Lo más probable es que recibamos muchos saludos en nuestro día. Sólo pedimos coherencia y reiteramos que se respete nuestro rol de periodistas que es fundamental en nuestra sociedad. No queremos seguir viendo a sicólogos/as, abogados/as o ingenieros como encargados de comunicación en las reparticiones públicas. Dignificar la labor de los y las periodistas siempre será una tarea compartida.

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