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La nueva constitución y el resguardo de los bienes básicos

Una Columna de Opinión de Gabriel Ascencio, Diputado.

Se ha confirmado la venta por parte de Aguas Andinas, de su participación en la empresa sanitaria, Essal, que opera a través de una concesión la administración de los sistemas de agua potable y plantas de tratamiento de aguas servidas para los hogares de las regiones de Los Lagos y Los Ríos, a una desconocida empresa canadiense, justo en medio de un proceso que tramitaba la caducidad de dicha concesión por la gran cantidad de irregularidades de responsabilidad de esta empresa.

Esto implica un ingreso de más de 92 millones de dólares para Aguas Andinas y, evitar las multas y otras consecuencias sancionatorias que trae aparejada la caducidad, cuyo proceso ha sido demorado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios por más de un año, sin explicaciones razonables. O sea, lo que debió ser una sanción justa por los graves perjuicios ocasionados a los habitantes de estas regiones, especialmente a Osorno, o por las contaminaciones de la bahía en Ancud, o el Lago Llanquihue, entre muchas otras infracciones, se transformó en un buen negocio para esos empresarios y una tremenda pérdida de oportunidad para los habitantes de las regiones de Los Lagos y Los Ríos, que a través de una nueva licitación podían haber alcanzado condiciones de satisfacción muy superiores a las que actualmente tienen, con la empresa que hubiese ganado dicha licitación.

Lo que también conocemos, en este y en otros casos, es la ineficiencia, producto de la falta de inversiones, con que estas empresas asumen los compromisos para entregar un servicio de calidad a usuarios que, pese a tener que pagar un alto precio por contar con agua potable en sus domicilios, o el tratamiento de las aguas servidas, se encuentran sin posibilidades de hacer efectiva la responsabilidad de estas entidades cuando, con bastante frecuencia, no entregan el servicio ni en la oportunidad ni en la calidad contratada. De más está decir en este orden de ideas, los graves problemas que la empresa ESSAL puso siempre para ampliar los radios operacionales con el objeto de construir viviendas. Una nueva licitación habría traído soluciones razonables a estas dificultades, pero este Gobierno optó por privilegiar los intereses económicos de los controladores de ESSAL.

De este modo, la desconocida empresa canadiense Algonquin Power & Utilities Corp., ha comprado “en el mercado”, una empresa regulada por el Estado de Chile, que debía proveer de un servicio tan básico como el agua, a casi 250 mil hogares, sin que ninguna autoridad pueda intervenir, dada la manera en que nuestra legislación, desde la Constitución hacia abajo, protege, con mayor fuerza, el “derecho de propiedad”, pues así se entienden las concesiones, por sobre el derecho de los ciudadanos de tener agua potable de calidad, a precios razonables y siendo abastecidos con eficiencia.

Este es un ejemplo práctico y definitorio de la necesidad de tener una nueva Constitución, que ponga por delante derechos sociales garantizados por el Estado, que se convierta en defensor de los ciudadanos y no de las empresas, donde derechos tan esenciales como el agua, dejen de ser administrados por privados, ahora canadienses sin ningún conocimiento de nuestra realidad.

Por eso el proceso constitucional, que se inicia el 25 de octubre, es tan importante pues, solo si gana la opción APRUEBO, se podrá iniciar el estudio de una nueva Constitución y, solo si gana la opción Convención Constituyente, se podrá elegir a 155 chilenos, con mandato popular, para que redacten una completa nueva Constitución, que nos represente a todos.

Así, nunca más el agua y otros bienes básicos, quedarán a merced de privados, cuyo objetivos principales son sus utilidades, impidiendo que los chilenos podamos contar con servicios básicos garantizados, por un Estado al servicio de todos.

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