El presidente de SalmonChile, Arturo Clément, junto al director territorial del gremio, Tomás Monge, llegaron hasta la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado para presentar sus comentarios acerca del proyecto que modifica la ley Lafkenche.
Durante su presentación, Clément señaló que ”nosotros como gremio valoramos el espíritu original de la ley Lafkenche, lo hemos dicho siempre, y los derechos que le corresponden a todas las comunidades y agrupaciones indígenas. Sin embargo, hemos sido críticos de su aplicación práctica, en donde se ha afectado a todos los habitantes del sur y a distintas actividades productivas, generando -en general-, una gran conflictividad”.
Entre los principales temas de preocupación para el gremio salmonicultor, indicaron que “en este proyecto está la falta de reglas claras, lo que conlleva a una gran dificultad de proyectar la actividad en corto, mediano y largo plazo. Eso, sumado a excesivas trabas por permisología y a una falta de ordenamiento territorial, genera que no existan certezas para la salmonicultura nacional, por lo que se dificulta nuestra actividad”.
Por su parte, el director territorial de SalmonChile, Tomás Monge, cerró la presentación valorando la instancia y que el Senado esté avanzando en acciones concretas para modificar los aspectos controvertidos de la ley. Además, dio a conocer las propuestas que levantaron desde la salmonicultura para que se incluyan dentro de esta, entre las cuales se encuentran:
- Aumentar los requisitos de admisibilidad y análisis de sobreposición ante nuevas solicitudes
- Incorporar la posibilidad de limitar el espacio solicitado en función al número de integrantes de las comunidades solicitantes.
- Ampliar la exclusión planteada en el artículo 9º y 10º del proyecto de ley a las concesiones de acuicultura y concesiones marítimas.
- Acotar el efecto suspensivo.
- Prever un plazo de caducidad de la suspensión.
- Prever una causal de rechazo de las solicitudes de ECMPO que se sobreponen unas a otras y solicitudes sucesivas.
- Prever que las solicitudes de ECMPO se sobrepongan a áreas protegidas se rechacen.
- Establecer silencio administrativo negativo en caso de que CONADI no se pronuncie dentro del plazo del uso consuetudinario.
- Establecer causales más precisas de caducidad de la ECMPO.
- Revisar régimen de sanciones ante incumplimientos.
