Nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales: Comités piden modificarla ante la imposibilidad de cumplir la normativa

Actualmente en Chiloé son cerca de 150 Comités de Agua Potable Rural (APR) regulados por la nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que busca normalizar la operación y administración de las organizaciones que mantienen la distribución de agua en los sectores rurales.

Sin embargo, desde las mismas organizaciones señalan que la ley supone una serie de exigencias que hacen inviable su cumplimento y que van desde temas administrativos y técnicos, que incluso conllevan sanciones asociadas.

Es por ello que se creó una mesa de conversación entre el Gobierno y las entidades sociales, que buscan abordar los planteamientos de los comités de APR y cooperativas para modificar la nueva ley y asegurar que sea un avance para las organizaciones comunitarias que hoy administran el agua potable en los sectores rurales.

REALIDAD

Jonathan Farah, presidente de la Asociación Provincial de Comités de Agua de Chiloé y miembro de la Mesa Única Nacional del Ministerio de Obras Públicas indicó que hoy se está buscando que se cumpla la norma por organizaciones que no estaban preparadas y operan con carencias en infraestructura como administrativas. Agregó que la norma, en las actuales condiciones, es perjudicial para el funcionamiento de los comités por las exigencias en operatividad, tratamiento de tarifas, fiscalización y sanciones asociadas a una operación deficiente, las que según la norma pueden derivar en una acción judicial.

“Resulta que muchos comités hoy no tenemos ni siquiera agua, entonces, la ley viene a exigir que los Comités de Agua entreguen agua en calidad, cantidad y continuidad, siendo que no la tienen. Entonces, se ven imposibilitados de dar cumplimiento. Esto no es por culpa de los comités, sino por la mala gestión que ha tenido el estado en esta materia, han sido muy abandonados, por mucho tiempo, bajo un programa del MOP, con asesorías de las sanitarias (…) pero no estuvieron al día. Hoy tenemos diagnósticos paupérrimos infraestructura no adecuada, los comités están con 20 a un 50% de solicitudes de agua en las zonas rurales y no están condiciones de entregar agua”

señaló.

En este contexto, indicó que antes de implementar la ley se debió poner al día a los comités para cumplir con las exigencias. Estas no van solo en infraestructura, sino en la posesión del agua, entendiendo que más del 50% de los comités del país no tienen derecho de agua. Aquí, el dirigente lamentó que el Estado no mediara para que estas organizaciones tengan la capacidad mínima para cumplir la ley. “La ley trae sanciones para los dirigentes cuando han hecho mal su labor, ya sea sanciones de censura a los directorios, responsabilidad civiles, penales y administrativas, cuando ha habido una actuación que no corresponde y nosotros señalamos que si hay una mala operación se tiene que ayudar para que eso se solucione, pero no pueden haber sanciones cuando estamos en manos de organizaciones voluntarias, que toman una tremenda responsabilidad del agua. Hay sanciones y no hay otras ayudas”

Es así que los 33 dirigentes que conforman la Mesa Única Nacional buscan por ley fortalecer el rol de los dirigentes, la tenencia del agua para los comités y que otras instituciones sanitarias los reconozcan como usuarios estratégicos, entregándoles más herramientas.

“La ley está vigente, pero se han hecho algunas prórrogas como, por ejemplo, la entrada en rigor de la fiscalización a través de la Superintendencia, que tendrá un calendario de acuerdo a la categorización de estos comités. En noviembre de 2024 tendría que fiscalizarse los comités mayores, de más de 500 arranques y de aquí al 2029 el resto, para entrar en una armonización. Los mismo con las tarifas (…) Una de las cosas más importantes es que a través de la ley se busque el fortalecimiento del rol del dirigente y que eso conlleve a que el agua y la administración del agua potable rural siga en manos de la comunidad y no se vea amenazada porque puedan venir las sanitarias y tomar la admiración. Es la primera protección que buscamos”, cerró.

PERJUICIOS

Quien también se manifestó sobre el tema fue el Consejero Regional, Francisco Cárcamo, quien indicó que no están dando solución a los problemas de los comités. Agregó que se debe existir un mayor funcionamiento y apoyos técnicos de parte de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales hacia los comités y no dejarlos solos.

Cárcamo, apuntó que los proyectos de conservación de servicios sanitarios rurales, que tienen un bajo costo, se han visto perjudicados por la nueva Ley, producto de  que requieren una serie de trámites administrativos para obtener su financiamiento.

“Los proyectos de conservación no indican, que por una indicación de Mideso, (Ministerio de Desarrollo Social), tienen que pasar nuevamente para su evaluación, proyectos de conservación que son puntuales para salir de un punto crítico, doy un ejemplo, el Comité APR del Quilar, de la comuna de Ancud, un APR pequeño, que con el esfuerzo de sus dirigentes hoy está vigente y entregando un servicio esencial como es el agua, pero lamentablemente hoy tienen un pimponeo de correos de parte de la DOH y las unidades técnicas respecto a darle una solución, esperan que se adjudique su licitación de conservación, pero no hay recursos disponibles, tienen que esperar un año más, va a llegar la época estival, con problema de captación, entonces ¿quién aborda esa problemática?”, remarcó el Consejero Cárcamo. 

Señaló que en años anteriores el Consejo Regional conocía entre 12 y 16 proyectos, a diferencia del año 2023 que ese número se redujo a la mitad, por ello pidió un análisis sobre la labor de la Dirección de Obras Hidráulica para sacar recomendaciones sociales satisfactorias.

Se espera que la Mesa Única Nacional a fines de año tenga un primer borrador de las modificaciones, el que será entregado al MOP para generar propuesta de modificación a la Ley. Luego pasará a la Comisión de Recursos Hídricos del parlamento en 2024 para iniciar su discusión, esperando que el Gobierno le de urgencia de tramitación y tener un proyecto de Ley a fines del próximo año.