Aprueban recursos para el pago de trabajadores no reconocidos por el administrador provisional de Ancud

Con aprehensiones de algunos miembros del Concejo Municipal ante las consecuencias en el contexto de las acciones de tutela laboral contra que el Administrador Provisional (AP) de Ancud, se aprobó el traspaso a la Corporación Municipal de 66 millones de pesos para el pago de los sueldos de los trabajadores no reconocidos por el administrador de educación en esa comuna.

Hay que recordar una treintena de funcionarios, entre asistentes de la educación y profesores se les adeudan sus remuneraciones de septiembre y octubre pasado, luego de no ser reconocidos por el AP. Desde la Corporación Municipal insisten en que debieron pasar al nuevo sistema, sin embargo, fue el propio administrador Provisional, quien aclaró que, por la naturaleza de sus funciones según la normativa, no le corresponderían incorporarlos. Esta determinación posteriormente fue ratificada por la Dirección del Trabajo.

En esta línea, y en el marco de acciones realizadas para desestimar la medida es que parte de los concejales señalan que el traspaso de los recursos no es la solución de fondo al problema y que implícitamente la acción reconoce que los trabajadores son parte de la Corporación Municipal.

DUDAS

En este contexto, el concejal Rubén González, señaló al respecto que “de cierta forma estamos reconociendo al AP, de que los trabajadores no dependen de la administración provincial, sino que del alcalde. Entonces, el día de mañana podrá decir, quien le pagó agosto, quien le pagó septiembre, quien le pago octubre, el alcalde; quien aprobó esas modificaciones, los concejales, entonces, serán ustedes los que se hacen responsables hasta que se jubilen, ese es el ‘pero’”, expresó.

El concejal Andrés Ibáñez fue otro de los concejales que manifestó sus dudas sobre la forma en que se intenta que la nueva administración asuma responsabilidad sobre el grupo de trabajadores. Para el edil, se debe gestionar también a nivel político la inclusión de los funcionarios. “La solución no pasa por el traspaso de recursos de manera mensual al municipio a la Corporación para el pago de sus remuneraciones (…) El traspaso de recursos solamente responde a la cobertura de los sueldos líquidos, no se hace cargo de previsión, AFP, de nada. Eso es algo que no se puede catalogar con una remuneración total”, expresó, señalando que esto genera un vacío perjudica a los trabajadores.

Respecto al proceso de tutela laboral emprendida por el municipio, Ibáñez señaló que se trata de un proceso a mediano o largo plazo. El concejal insistió en la necesidad de buscar soluciones políticas sobre el tema para dar certeza a los trabajadores.

“Se bien hoy se está entregando un paliativo, pero también no es el camino correcto. El alcalde ha elegido el camino más complicado, porque con esta forma no garantizamos la estabilidad laboral de los trabajadores para nada. Aquí lo que hay que buscar es una solución política, rápida, en que el Ministerio de Educación (…) puedan hacerse cargo de esos trabajadores que en justicia son trabajadores de la educación pública, que han desempeñado su vida laboral de manera directa, indirecta o iterando”

expresó.

DEMANDA

El concejal recordó que en este contexto hay un pronunciamiento del Director Nacional del Trabajo que señala que quien tienen la responsabilidad laboral con los trabajadores es la Corporación Municipal de Ancud. Aquí, agregó, el pronunciamiento no toma en consideración factores como que los trabajadores son beneficiarios de la Ley 19.463 para trabajadores de establecimientos educacionales o la Ley 20.313, Bono Zonas Extremas, para lo cual deben están dentro de la plataforma SIGE, entre otras acciones.

“Le hemos recomendado al alcalde que esos antecedentes sean puestos en reconsideración, pues según nuestro criterio terminarían demostrando que son trabajadores de la educación pública, y eso es lo que ha faltado”, expresó.

Finalmente, señaló que no conocen detalles de la demanda por tutela laboral emprendida en contra del AP, pero es una acción necesaria. “Esperamos que esa tutela laboral esté también enfocada a los criterios y las pruebas fehacientes de que son trabajadores de la educación pública de Ancud. Claramente, la tutela laboral también es una estrategia que debió ser recogida por los gremios, porque la obligación de defender a los trabajadores no es solo de la Corporación, el alcalde o municipio, sino que también de los gremios de la educación que creo están en deuda con los trabajadores afectados, que deberían estar con la misma fuerza que en luchas anteriores”, cerró.