Seremi de la Mujer ante nuevo caso de femicidio tentado: “Aquí no solo hay que entregarle a la mujer la responsabilidad de denunciar”

La jornada de este martes el Juzgado de Garantía de Castro decretó prisión preventiva para un sujeto formalizado por el Ministerio Público por el delito de femicidio tentado. El hecho ocurrió el pasado fin de semana en la comuna de Puqueldón, en donde el imputado, en medio de una discusión, agredió a su pareja física y verbalmente, para luego intentar estrangularla con sus manos.

Un hecho de violencia en contra de la mujer que se suma a las cifras que mantiene la Secretaría de Prevención del Delito en la provincia de Chiloé.

Según las estadísticas de la entidad, durante el 2021 se registraron 951 denuncias por delitos en contra de la mujer. En 2022 se contabilizaron 973 y en lo que va de 2023, se suman 273 casos denunciados.

CIFRA NEGRA

Consultada sobre el tema, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Gré, señaló que al momento de mirar las estadísticas, hay que tener en cuenta el factor de aquellas situaciones de violencia que no son denunciadas, es decir, la llamada “cifra negra”. Esto implica que el aumento de las denuncias no necesariamente es proporcional a un aumento en este delito, sino que responde a que hay mayor conciencia en la importancia de la denuncia.

“No siempre que aumenten las denuncias, está ligado a que aumente el delito. Sabemos, sobre todo en casos de violencia contra la mujer, que muchas veces no se denuncia, entonces, para nosotros no es una buena noticia que aumente las denuncias, pero nos da cuenta que las mujeres están confiando en acercarse a una institución pública a realizar una denuncia”

expresó.

Aquí también señaló que la violencia intrafamiliar engloba otros tipos de violencia en contra de los distintos integrantes de la familia y no necesariamente dirigida solo a la mujer. Agregó que desde el Ejecutivo se ha trabajado fuertemente en visibilidad los distintos tipos de violencia contra la mujer. “Ahora estamos hablando de distintos tipos de violencia que se dirigen hacia las mujeres, muchas veces por el solo hecho de ser mujer”.

APOYO

En este contexto, la Seremi señaló que hoy el Servicio Nacional de Mujer mantiene una serie de dispositivos de apoyo para las víctimas de violencia. En esta línea, está el Centro de la Mujer ubicado en Castro, donde se entrega orientación legal y apoyo psicosocial a las mujeres que viven estos delitos. Además, el Centro de Atención y Reparación Integral (CARI), que aborda casos más graves de violencia contra la mujer, con distintas líneas de apoyo. Además, existe una casa de acogida para ofrecer resguardo a víctimas de delitos en que la vida de la mujer corre riesgo y necesita ser reubicada.

“Sernameg atiende solamente caos de violencia contra la mujer de parejas o exparejas, entonces, es súper acotado. Eso tiene que ver con las leyes de nuestro país y es por eso que nuestra Ministra, Antonia Orellana, ha sido insistente en la aprobación de la nueva ley por una vida sin violencia, ya que permite que se conecten las leyes que tenemos. Esta la Ley de Violencia Intrafamiliar, la Ley de Femicidio, la Ley Antonia, Ley Dominga, que todas tiene que ver con distintos tipos de violencia contra la mujer, entonces, necesitamos una ley que venga a unir todo esto”, expresó.

PROBLEMA DE TODOS

Finalmente, la Seremi de la Mujer Macarena Gré, señaló que el problema es estructural donde 1 de cada 3 mujeres vive violencia en el mundo y que tiene a los gobiernos promulgando leyes para abordar el tema.

“Muchos vemos cosas y callamos. Aquí no solo hay que entregarle a la mujer la responsabilidad de denunciar, sino también avanzar en sociedad en cómo apoyamos a las mujeres que, por ejemplo, están en un círculo de violencia y que necesita tener un trabajo para poder salir de ese lugar. Muchas veces no cuentan con dinero propio para subsistir, entonces, primero hay que promover la autonomía económica. La invitación es que como sociedad entendamos el daño que genera. El tema de la violencia intrafamiliar se incorporó a todas las juntas de seguridad regionales como comunales, porque entendemos que también es un problema de seguridad pública”.