Comienza juicio oral contra exdirectivos de la Corporación de Ancud

Este miércoles, en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro se inició el juicio oral por el delito de malversación de caudales en contra del exsecretario General de la Corporación de Ancud, Luis Armando Ampuero Chiguay, y el exjefe de Finanzas de la entidad, Abdón Rigoberto Barría Bórquez, durante la administración de la exalcaldesa Soledad Moreno Núñez.

El Ministerio Público apuntó a los imputados por la utilización de recursos fiscales para el pago de sus indemnizaciones a todo evento, tras dejar sus cargos a finales de 2016.

El tribunal integrado por los magistrados Angélica Monsalve Vásquez (presidenta), Loreto Yáñez Sepúlveda y Leandro Bahamonde Hernández, dio lectura al auto de apertura y luego las partes, incluido el Consejo de Defensa del Estado como querellante, presentaron sus respectivos alegatos, finalizando con la declaración de los acusados, quienes renunciaron a su derecho de guardar silencio.

PRIMERA JORANDA

Según la acusación fiscal, el 15 de marzo y el 11 de abril de 2016, se depositaron en cuenta corriente de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud, fondos provenientes del Ministerio de Educación, para el pago del beneficio de incentivo al retiro del personal docente, por las sumas de $267.297.296, y $390.168.534, para ser pagada a profesores, respectivamente.

En dicho contexto, habrían aplicado indebidamente, a usos propios, caudales públicos puestos a su cargo, emitiendo cheques de la cuenta de Educación de la Corporación Municipal de Ancud a sus nombres, los que luego cobraron por las sumas de $28.632.062 y $15.662.050.

Los dineros causaron grave entorpecimiento en la gestión financiera y contable del servicio, retardando el pago de las obligaciones contraídas con cinco docentes, cuyos bonos habían sido depositados por el Ministerio de Educación, por lo que la nueva administración debió pagar con fondos propios la deuda.

Durante su intervención el Fiscal Fernando Metzner, señaló que los acusados, en el ejercicio de su cargo tenían información de todos los movimientos financieros durante este año el Ministerio de Educación había transferido 600 millones de pesos para el pago de indemnizaciones a docentes, los que no fueron utilizados para ese fin.

“En noviembre 2016 los acusados tenían conocimiento que esos dineros destinados para pagar esos bonos, esos recursos ya habían sido utilizados, hasta el día de hoy no tenemos claridad en qué. No obstante, el 30 de noviembre la corporación gira 6 cheques para docentes beneficiados que no estaban financiados. Fecha que se acercaba al término de la administración de la que formaban parte los imputados (…)

el 5 de diciembre”, dijo.

Agregó que “con esa fecha, desde Servicio de Salud Chiloé, la Corporación recibe dineros para cancelar ítem específicamente del área de salud (…). No obstante aquello, y en virtud de este conocimiento especial de los acusados (…) trasfirieron parte de estos dineros, 122 millones y fracción, a la cuenta Educación, realizando ese día las maniobras para obtener la documentación respectiva que le permitiera cancelarse la indemnización por término de la relación laboral la que previo a esa transferencia no estaban financiadas con recursos”, señaló.

DEFENSA

En este contexto, Vanesa Pérez, abogada defensora de Ampuero Chiguay, solicitó la absolución de su representando fundada en que los hechos no serían constitutivos de delito.

“Mi representado celebró un contrato de trabajo con la alcaldesa (…) legalmente celebrado por el Código del Trabajo. En la cláusula sexta de este contrato, se establecía una indemnización a todo evento, lo cual es completamente legal (…) y al finalizar el período se redactó un finiquito con fecha 2 de diciembre donde se concretaba esta indemnización”, dijo.

Agregó que este acto fue celebrado con ministro de fe, la Inspección del Trabajo entregándoles su indemnización respectiva. “Esta parte si va a discutir la calidad jurídica de funcionario público de mi representando (…) las normas penales de los artículos 233, 235 y 238 requieren necesariamente, porque se trata de un delito especial propio, que el sujeto que realiza la acción se un empleado público. En este caso, nosotros discutimos esta situación en atención en que la Corporación Municipal de Ancud, y todas las corporaciones de Chile, tiene la calidad de persona jurídica de derecho privado”, expresó.

El juicio oral se extenderá aproximadamente durante cinco jornadas, hasta el próximo martes 29 de agosto, y contempla la presentación de prueba testimonial de 27 testigos y peritos, además de prueba documental.