Demandan a Delegada Presidencial Provincial de Chiloé por acoso laboral y despido injustificado

Una demanda por vulneración de derechos laborales en contra de la Delegada Presidencial Provincial, Mariela Núñez, interpuso un exfuncionario de la repartición de Gobierno. La acción fue ingresada por Sergio Ballesteros, quien desempañaba labores de asesor territorial, acusando acoso laboral y despido injustificado por parte de la autoridad ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Castro.

La acusación judicial se ingresa en medio de una serie de cuestionamientos en esta materia en contra de la delegada, quien sumaría varias denuncias administrativas por otros funcionarios de la repartición y que estarían siendo investigadas, pero de las cuales aún no se conocen resultados. Estos hechos llevaron a dirigentes regionales de la ANEF a reunirse con los trabajadores de la repartición.

DEMANDA

Respecto a la acción judicial en tribunales, el abogado Julio Álvarez Pinto, asesor del demandante, indicó que es la primera acusación que llega formalmente a los tribunales ya que las denuncias previas son de carácter administrativo.

Álvarez agregó el exfuncionario llegó a la Delegación Provincial por solicitud del Partido Comunista, en el cual milita, y de la propia delegada, en el marco de la instalación del nuevo gobierno. El empleado renunció el trabajo que mantenía hasta ese entonces para asumir labores al interior de la delegación.

“Sin embargo, se encontró con la presencia de la delegada, siendo víctima de acoso laboral y eso fue expresado por ella de diversas formas. Se argumentó una suerte de justificación para su actuar, la falta de confianza, que filtraba información, que afectaba la imagen frente a sus colegas, etc.  Eso estando en conocimiento de su militancia en el Partido Comunista y sabiendo que cualquier información de corte político o de accionar de la delegación, eran estrictamente políticos y de cómo debía cumplir su función. Fue excluido en varias ocasiones de la construcción de la agenda semanal de la delegación y finalmente todo esto se tradujo en un ambiente hostil de trabajo”

expresó, el abogado.

Agregó que todo decantó finalmente en el despedido del trabajador antes que finalizara su contrato, fechado para el 31 de diciembre de este año. Respecto a la razón de la desvinculación, señaló que no tuvo acceso a ninguna notificación formal o el contrato firmado, antecedentes que debieron solicitarse a través de medios legales

La acción judicial se interpone en contra del Ministerio del Interior, representada por la Delegada Provincial y se solicitó que la notificación se extienda al Consejo de Defensa del Estado, en su calidad de representante de la cartera de Interior para que se haga parte del proceso.

“Esto es una demanda, interpuesta en un procedimiento de tutela laboral o vulneración de derechos fundamentales durante la existencia de la relación laboral, y con ocasión además del despido. Conjuntamente, se solicita la declaración de la existencia de la relación laboral y cobro de prestaciones laborales, las naturales indemnizaciones por daño moral y lucro cesante por este despido improcedente, y por el maltrato habitual”, expresó.

SEÑAL

Finalmente, el abogado señaló que mantienen antecedentes para ratificar lo denunciado en tribuales y lamentó el hecho de que un gobierno que promueve los derechos de los trabajadores entregue estas señales.

“Que un trabajador, contratado por el gobierno, sufra persecución, tratamiento hostil, cuestión que siempre ha sido rechazada por este gobierno, nos parece grave. Creemos que esta no es imagen ni la línea por la que debe avanzar este gobierno. Situaciones como esta la encuentra en salmoneras, pesqueras o locales comerciales, etc., pero que lo sufra un funcionario de gobierno, de confianza, por otro funcionario de gobierno, es totalmente esquizofrénico”, dijo.

Agregó que “se supone que este gobierno es el que defiende los derechos de los trabajadores y no el que vulnera los derechos de los trabajadores. Esa es la gravedad. Esto sin perjuicio de cumplir los compromisos políticos con los partidos que forman parte de su coalición. Como consecuencia de esto, después de estudiarlo largamente y de conocer, no solo de este maltrato, sino que otros de la propia delegada en contra de otros funcionarios y funcionarias, creemos que son los tribunales de justicia los que realmente deben resolverlo. La resolución que pedimos es que se declare que hay vulneración de derechos fundamentales, esto trae muchas consecuencias que determinará el tribunal (…) pero, además, la garantía de que por la entidad empleadora, en este caso el Ministerio de Interior, no volverán a ocurrir vulneraciones de los derechos fundamentales de los trabajadores”, expresó.