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Corporaciones Municipales de Chiloé en la “UCI Financiera”

Los problemas presupuestarios de los sostenedores de la educación pública comienzan a evidenciarse. El próximo año se avizora crítico y el presupuesto nacional destinado a Educación será clave. Por el momento los ajustes en la dotación son el salvavidas de las corporaciones para oxigenar el sistema y aplazar la entrada en vigencias de los SLEP no sería una buena noticia.

La crisis financiera que enfrentan las Corporaciones Municipal en Chiloé para sostener la educación pública comienza poco a poco a revelarse. La disminución de recursos sectoriales por concepto de subvenciones y la sobredotación funcionaria acumulada por años en los establecimientos educacionales ha precipitado este escenario.

La situación más compleja la vive hoy Ancud, con una millonaria deuda, pero otras comunas ya evidencian profundas fisuras como en Quellón o Quinchao, donde los docentes han manifestado su preocupación.

Los recursos sectoriales en Educación no logran solventar los gastos de las corporaciones, focalizados principalmente en las planillas de remuneraciones. La ley que crea los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) tampoco ayudó, ya que trajo consigo la disminución progresiva de algunos ítems presupuestarios como el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), complicando aún más el escenario.

Actualmente, las corporaciones reciben recursos por cada alumno que ingresa a una sala de clases, es decir, por asistencia, por lo que este ítem es variable. De ahí la insistencia de años de los alcaldes a nivel nacional por que cambie el sistema a uno basado en la matrícula, lo que podría entregar alguna estabilidad financiera anual. No obstante, también se ha evidenciado una baja en la matrícula en los establecimientos educacionales, por lo que es un factor importante.

Así las cosas, todos los indicadores decrecen y, hoy por hoy, tienen en jaque la educación pública en la provincia y en país. Todo esto, avizora que el año 2023 será crítico para los sostenedores.

Se estima que en el próximo año se destinarán unos 140 mil millones de pesos a nivel nacional al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), cifra que implicaría que cada comuna reciba los mismos recursos que este año, perpetuando el problema.

PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDADES

Consultado sobre el tema, el alcalde de Queilen Marcos Vargas reconoce que la situación es compleja. Aquí, dijo, es clave los que pueda pasar en la definición del presupuesto nacional que verá por estos días el Congreso y lo que puedan hacer los parlamentarios en aumentar los recursos destinados, por ejemplo, al FAEP, para dar oxígeno al sistema.

“Aquí para llegar a tener un FAEP que dé un respiro, como lo hemos venido peleando, que se asemeje a los históricos, como los que tuvimos en 2017, se necesitan a lo menos 200 mil millones, es decir, un aumento de 60 mil millones. Aquí es el llamado a los parlamentarios de la zona. Como alcaldes de Chiloé, cada uno de nosotros hemos hecho gestiones, de manera individual y colectiva

expresó.

El alcalde señaló que hoy el problema tiene por una parte responsabilidad del Estado, y de los gobiernos, ante las deficiencias estructurales del sistema de financiamiento. Esto ha redundado en que los alcaldes deban solicitar permanentemente recursos para financiar la educación.

Sin embargo, aludió, está la responsabilidad administrativa de las propias corporaciones a través de los años. Aquí, dijo, medidas como el ajuste de dotación en los establecimientos educacionales, fusión o cierres de escuelas son criterios que muchos equipos directivos y alcaldes no han querido asumir.

“Si queremos que nuestras corporaciones respiren, aunque sea una medida impopular, lamentablemente los alcaldes deberían tener que tomar decisiones difíciles, de eventuales desvinculaciones, que se harían por un bien mayor, oxigenar el sistema y lograr un ahorro financiero. El año pasado el Ministerio dispuso recursos para ir saneando las comunas que tienen firmado el plan de transición (a los SLEP), como Queilen, tomamos está difícil decisión, delicada, que afecta a familias, por el bien de la comuna y de la educación pública nosotros lo hicimos. Eso nos ha permitido tener un ahorro importantísimo anualmente, que llega al orden de los 300 millones y estamos tranquilos porque fuimos responsables”, dijo.

SLEP: APLAZAR AGUDIZA EL PROBLEMA

Según la ley vigente para la creación de los Servicio Locales de Educación Pública (SLEP) las comunas de la provincia de Chiloé deberían ser traspasadas el 2024. Una medida que desde el Colegio de Profesores critican fuertemente fundada en las condiciones de la implementación. Desde el gremio señalan que la norma no está bien diseñada y lejos de mejorar la educación pública profundizaría la crisis que hoy existe.

Prueba de ello serían las dificultades por las que pasan aquellas comunas en que ya se inició su implementación, donde se evidencian dificultades para la administración de los establecimientos.

Ante esto, desde el gobierno se está impulsando modificaciones que permitan ampliar la entrada en vigencia de la ley y dar tiempo para realizar modificaciones, lo que aún no se concreta. Así las cosas, este escenario no sería muy favorable para las corporaciones, ya que implicaría extender las dificultades que vienen arrastrando por años.

“Creo que ninguna Corporación podrá llegar saneada al 2024; pero, por otro lado, si se legisla y se aplaza la entrada en vigencia de los SLEP no será un alivio. El que se alargue dos o más años no es una noticia buena, ya que cuanto más tiempo pase más grande será el déficit”, concluyó Vargas.

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