A Santiago viaja un grupo de dirigentes de los sindicatos de trabajadores del Puente Chacao para solicitar acciones urgentes frente a las denuncias por precariedad laboral que vienen levantando hace tiempo.
Acusan que, a pesar del aumento de las fiscalizaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, el Consorcio Puente Chacao (CPC) prefiere pagar las multas asociadas a los incumplimientos y no subsanar los problemas detectados.
Advierten que analizan una paralización a gran escala la próxima semana de no ser atendidas sus demandas por parte del Ministro de Obras Públicas, con quien esperan reunirse en las próximas horas.
DESPROTECCION
Luis Cortés, presidente del Sindicato Sintrasar, señaló a El Insular que el llamado a movilización es para el 26 de septiembre, en protesta a lo que calificaron como falta de compromiso del Estado con los trabajadores y desprotección laboral frente a las acciones de las empresas que llevan adelante el proyecto.
“Hoy día las empresas prefieren pagar las multas y no dar los beneficios y los derechos que como trabajadores nos corresponde o merecemos por contrato colectivo. Hasta el minuto el MOP y el Gobierno se ha hecho los tontos, miran para el lado. Lo otro es que como el proyecto está avanzando de manera más lenta de los presupuestado, eso lo están pagando los trabajadores, esos costos, disminuyendo las condiciones en todos los niveles”
expresó el dirigente.
En este contexto, Cortés indicó que los trabajadores viajan a la Región Metropolitana con la intención de ser recibidos por el Ministerio de Obras Públicas, Juan Carlos García, y exponer sus preocupaciones frente a las condiciones en que desarrollan su actividad. De no llegar a una solución concreta, paralizarán a partir del próximo lunes.
“Queremos que el Ministro se ponga del lado de los trabajadores. Se están incumpliendo las cláusulas de los contratos colectivos, que al final terminan en multas, que le sale mucho más barato que mejorar las condiciones de los trabajadores. Estamos apostando a que el ministro nos reciba para seguir avanzando en estas conversaciones y no tener que llegar al paro indefinido, que por ahora se irá viendo paso a paso”, expresó.
MULTAS Y DEMORA
Según indicó el aplazamiento del proyecto en el tiempo no es resorte de los trabajadores, insistiendo que hoy son ellos quienes se ven perjudicados, recordando que originalmente el proyectó fue diseñado para desarrollarse en 60 meses. Hoy con 48 meses el proyecto alcanza un 38% de avance.
Finalmente, el dirigente recordó que actualmente se han cursado cerca de 25 millones de pesos en multas y las condiciones de los trabajadores no han mejorado.
“La Inspección a fiscalizado más, pero en lo que respecta al consorcio CPC, que es el que más acumula multa, la empresa paga y no corrige la acción. Ellos no sacan nada con llenarlos de fiscalizaciones si al final del día la empresa paga las multas y la situación sigue peor. Hay un total de multas que van en los 25 millones de pesos, pero que saca la inspección con fiscalizar si las multas las apelan, las pagan y no tiene sentido. Ahí es donde apuntamos que el Estado nos tienen a la suerte de cada uno”, señaló.
