Con instructivo Minagri busca regular parcelaciones rurales ante aumento de proyectos con fines inmobiliarios

Con el objetivo de regular la expansión de loteos rurales que no tengan un fin agrícola, el Ministerio de Agricultura instruyó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) la suspensión de la certificación de la subdivisión para predios rústicos que pudieran significar una amenaza a los sistemas agroproductivos, al ecosistema y al equilibrio socio-ecológico de las localidades en las que se emplazan. 

La medida tiene su origen en el aumento de loteos en áreas rurales que vulneran la normativa vigente, simulando un destino agrícola pero que buscan otro fin. En este contexto, el 15 de julio el Minagri emitió un instructivo para identificar proyectos destinados a un eventual cambio de destino de los lotes resultantes no permitidos por la normativa. La medida suspende la tramitación de toda solicitud de certificación de iniciativas de desarrollo inmobiliario al margen de la planificación territorial.

TIPOLOGIAS

En este contexto, el documento emanado desde el Minagri enumera 12 tipologías de proyectos observables, susceptibles de ser suspendidos y sobre los cuales se deben recabar antecedentes con otros servicios públicos para resolver si el proyecto amerita continuar su tramitación o debe ser rechazado.

Entre ellos se encuentra: proyectos de parcelación que incluyan en el plano elementos propios de un condominio; con diseño incompatible con el destino agrícola, ganadero o forestal; o proyectos de parcelación con parcelas de 5.000 m2 o más en que se constata una situación de hecho.

Además, se identifican aquellos que presentan una oferta al público en redes sociales, portales inmobiliarios, sitios web u otros que permitan atribuir características propias de un destino urbano o habitacional. También, proyectos de parcelación que consideren en su diseño la habilitación de caminos sobre superficie que constituya bosque, proyectos de parcelación emplazados en áreas protegidas o proyectos cuyos deslindes se superpongan con terrenos fiscales. Otros son aquellos presentados por un titular cuyo giro se encuentra ligado a la construcción de edificios para uso residencial, compra, venta y alquiler; y/o su objeto social sea preeminentemente de tipo inmobiliario. También se consideran proyectos de parcelación que se emplacen en Áreas de Desarrollo Indígena o que se encuentren en el Catastro de Tierras Indígenas de CONADI.

REACCIONES

En este contexto, desde la Agrupación Defendamos Chiloé, Álvaro Montaña, calificó la medida como acertada y necesaria ante los efectos de la proliferación de proyectos inmobiliarios para las zonas rurales, una realidad que se ha visto cada vez más presente en el archipiélago.

“La subdivisión de la tierra en Chiloé en la última década ha provocado diversos impactos. El primero la aparición de una nueva ruralidad, con nuevos habitantes y la desaparición de formas tradicionales de ocupación como el minifundio como unidad productiva. La fragmentación y degradación del bosque nativo, problemas de acceso al agua potable rural de parte de estos proyectos inmobiliarios. Este negocio en la última década también ha generado un aumento en el precio de la tierra, lo que ha impactado en la posibilidad de que las nuevas generaciones de chilotes puedan acceder a campos con aptitud productiva debido precios inalcanzables”, expresó.

Montaña recordó que la medida apunta solo a proyectos que producen efecto negativo en el abastecimiento de agua potable rural (APR), núcleos urbanos en área rurales o efecto en el bosque nativo. En sumo, dijo, busca asegurar la aptitud productiva de los suelos y el cumplimiento del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción que prohíbe la generación de núcleos urbanos fuera del límite de las áreas urbanas. Además, el cumplimiento del Decreto Ley 3.516 de 1980 sobre el resguardo silvoagropecuarios de las subdivisiones rurales de hasta media hectárea.

“No se suspenden todas las divisiones de predios rurales, sino que solamente las que fundadamente el SAG detecte, en coordinación con otras instituciones, que pudieran dar origen a proyectos de urbanización o loteos en áreas rurales. No es que se impida la subdivisión de toda tierra rural, las subdivisiones tradicionales, como son las herencias o ventas de pequeños lotes se siguen permitiendo. Lo que no se partirá son loteos que den origen a urbanizaciones fuera del límite urbano.”, indicó.

 EN DESACUERDO

Sin embargo, también han surgido voces de parlamentarios que han criticado la medida. En este contexto, los senadores de la Iván Moreira y Fidel Espinoza han manifestado públicamente su oposición a la medida impulsada desde el gobierno.

En el caso del Senador Espinoza, este indicó que está en desacuerdo con esa resolución, “desde mi punto de vista es absolutamente arbitraria e ilegal, porque lo que hace es impedirle a un chileno, una chilena, poder vender parte de lo que le pertenece, su propiedad. Es atentar contra derechos elementales. Lo que hace es ralentizar los procedimientos con el propósito que la gente termine no pudiendo vender o alguien no pudiendo adquirir una parcela fuera de la ciudad. Creo que el Gobierno se equivoca”, expresó.

El congresista señaló que está de acuerdo la regulación e implementación de medidas que puedan mitigar los efectos de la parcelación en el tema vial, agua potable y conservación, acusa que desde su punto de vista la medida no es adecuada.

“El gobierno sabe que en el parlamento no hay piso político para un proyecto de este tipo y quiere mediante decreto actuar de esta manera. Lo consideran inconcebible y atentatorio de derechos en un país democrático”

expresó.

El Insular consultó a la Seremi de Agricultora sobre la medida, sin embargo, señalaron que por el momento no se referirán al tema a la espera de la bajada técnica de la medida desde el nivel central.