El incendio de diciembre de 2021 que arrasó con 6 palafitos del barrio Pedro Montt 1 de Castro reflotó un anhelo de décadas de quienes viven en estas tradicionales estructuras. Esto porque ante la emergencia, las familias no pudieron acceder de manera directa a ningún beneficio estatal para la reconstrucción de sus casas. La razón es que no cuentan con títulos de dominio que acrediten la propiedad de las viviendas.
Una situación que los vecinos piden regularizar hace décadas y que vio su primer intento el año 2008. Fue el entonces diputado Claudio Alvarado quien ingresó un proyecto, a través de una moción parlamentaria, que buscaba la generación de una ley especial para los propietarios de palafitos que les permitiese, por ejemplo, alcanzar beneficios sociales y realizar una transacción comercial.
PROYECTO DORMIDO
La propuesta era una legislación especial, ya que la tuición del territorio sobre la línea de la más alta marea la tiene por ley la Armada, espacios en que se ubican las tradicionales casas. Construcciones que nacen de la vinculación de la vida insular con el mar, habitada por familias que principalmente hacían de la pesca su sustento.
“Lo que se planteaba en ese proyecto de ley era que sean para las familias que históricamente han habitado los palafitos. Segundo, que se les entregara una concesión marítima de carácter indefinido, es decir, sin plazo y que no sea a título oneroso, es decir que no tengan que pagar por ella. Además, que esa concesión marítima sea equivalente a un título de dominio, por lo tanto, se pueda registrar y el propietario pueda postular a los beneficios que entregan las diferentes leyes a quienes tienen un título de dominio”, expresó Claudio Alvarado.
INTERPRETACION
El político indicó hoy que es necesario reconocer el uso por décadas de las familias que habitan los palafitos y para ellos se debe generar la voluntad del Ministerio de Defensa, que regula las concesiones marítimas y del Ministerio de Bienes Nacionales que regulan los predios que son del fisco.
“Acá tenemos una situación con regulación de la Armada y de viviendas que están en el borde mar. Si se ponen de acuerdo los dos ministerios y hay un compromiso serio, real de patrocinar esta iniciativa que data en el parlamento del año 2008, se puede avanzar en esa línea”
apuntó.
Agregó que “aquí lo que se piensa es que si se hace una ley de estas características se pueda aprovechar todo el borde costero con fines comerciales o industriales, teniendo el dominio absoluto de aquello. Eso no es así. Aquí lo que se pretende es que con un catastro, que existe, de los palafitos y las familias que residen en ellos, regularizar esas situaciones que en la práctica, hoy día las personas las venden con un contrato privado, otras personas la remodelan para un destino de carácter turístico, pero toda esa construcción de mejoramiento se hace no de acuerdo a la norma vigente, porque está sin permiso de construcción, no se puede autorizar una ampliación y al final del día quedamos en situaciones de hecho que en el fondo son irregulares y eso es lo que hay que reconocer, validar y regularizar”, expresó.
En esta línea, la desconfianza estaría en el temor a que esta ley permita privatizar o mal utilizar una herramienta como la que se propone. “La autoridad puede tener el legítimo temor, pero acá lo que hay que dejar claro es que el catastro de los lugares geográficos donde existen palafitos está más que claro. En Chiloé se conoce en qué comunas, en qué barrios existen estas construcciones propias de la cultura de bordemar. Como este catastro existe, es regularizar ahora esa situación. El resto seguirían con la norma general vigente, pero lo que no puede ser, es que esas personas que han vivido ahí producto de una tradición familiar sean discriminadas o castigadas al no poder acceder a beneficios de carácter sociales, permisos de construcción, mejoramiento o ampliación de sus viviendas por no ser propietarios”, dijo.
