Temen que aplicación de nueva ley deje en manos de sanitarias los Sistemas de Agua Potable Rural

Inquietud existe en las directivas de los comités de agua potable rural de Chiloé por la puesta en marcha de la Ley N°20.998 que pone un nuevo marco normativo para el funcionamiento de estas entidades. La iniciativa entró en vigencia en noviembre del 2020 configurando un nuevo sistema de gestión, normando estándares organizacionales, administrativos y financieros de deben cumplir estas organizaciones, que pasarán a llamarse Servicios Sanitarios Rurales.

Sin embargo, la preocupación está en que muchos de estos comités no estarían preparados para asumir las nuevas exigencias. Esto, en el peor de los casos, y como se señala la nueva normativa, podría significar que el APR pase a manos de una empresa sanitaria, perdiendo su carácter comunitario y sumando el manejo asociado a un ente privado.

NUEVA LEY

La Ley tiene entre sus principales beneficios  reconoce a las organizaciones comunitarias y sociales como administradores y operadores de Servicios Sanitarios Rurales; mantiene la obligación del Estado para el financiamiento y ejecución de la infraestructura y establece un ente revisor de proyectos de proyectos de agua potable y saneamiento, la nueva Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, para asegurará un estándar homogéneo en las soluciones.

Adicionalmente, establece que las tarifas por los servicios serán calculadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), lo que facilitará la labor de los dirigentes. Esto a partir del tercer año de vigencia de la ley, entre otras materias.

PLAZOS Y CAPACITACION

En Chiloé existen alrededor 180 APR, los que se agrupan en tres tipos principales: bajo el alero de Dirección Obras Hidráulicas (114), municipales y los comités de agua predial, este último el más básico.

Con la puesta en marcha de la ley se estandariza su funcionamiento y todos quedarán bajo la fiscalización de la SISS y en un plazo de dos años deben adecuar su gestión administrativa, contable, manejo de recursos y personal, en aspectos técnicos del servicio, entrega de boleta electrónica, factibilidad de agua y la participación en un consejo consultivo, entre otras.

“En sí son factores muy importantes para tener una buena gestión en los comités, en eso hay una diferencia. Lo que sucede hoy día es que bajo la realidad que los APR tiene, y en este caso la deficiencia en la puesta en marcha, los APR no están en condiciones de cumplir los requisitos o exigencia que la nueva ley establece”, indicó Jonathan Farah, representantes de Chiloé en la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru)

El dirigente comentó que cuando se inició la discusión parlamentaria se buscó el reguardo de los APR para que las sanitarias no las consideren como un eventual modelo o fuente de negocio, y conserven su carácter comunitario. “Si hoy, ley se aplica  a la gran mayoría de los APR no podrán cumplir, y lo que trae el incumplimiento son sanciones económicas. Tenemos varias instituciones fiscalizadoras: la Autoridad Sanitaria, la DOH, la Superintendencia del Servicio Sanitarios, Impuestos Internos y la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, hoy si fiscalizan, encontrarán gran cantidad de falencias”, dijo.

Agregó que “si el comité no tiene la preparación de administrar su agua, si eso no ocurre tras las fiscalizaciones que demostrarían lo contrario, los APR deben ser tras pasados a organismos especializados en gestión de agua, en este caso las sanitarias u otro comité más grande, vecinos y con factibilidad de administración. Esa es la amenaza más grande hoy día y eso queremos evitar que pase”.

RETRASAR ENTRADA VIGENCIA

En este sentido, Farah señaló que la Fenapru está realizando gestiones y solicitud a la Dirección de Obras Hidráulicas y al parlamento para “frenar la puesta en marcha. La Ley partió el año pasado, y lo que se está buscando que no se aplique hasta dos años más tarde todavía, que no entre en vigencia aún, sino que en dos años más, que se postergue la entrada en vigencia por esta misma situación que viven los APR”.

Agregó que la Pandemia a paralizado ciertas actividades, por lo que se busca que la Unidad Técnica para los APR, que en la zona es ESSAL, inicie la capacitación para que los comités enfrenten esta nueva normativa. “Las asesorías técnicas son pagadas por el Estado a través de la DOH y es bien considerable el monto que reciben. En la región de Los Lagos, por cada visita técnica a un APR están cobrando como 2 millones 800 mil pesos. Entonces, lo que buscamos es que esos recursos para asesorías sean de manera correcta y nivelar los estándares y los prepare para que estén en condiciones de cumplir la ley”, expresó.

Por el momento, señaló el dirigente que las esperanzan están puesta en la aprobación de un proyecto que está en el Senado que podría ser votado a finales de septiembre que postergaría la puesta en marcha la Ley 20.998.