Preocupa aumento de deudas acumuladas por Servicios Básicos

Este 31 de diciembre vence la vigencia de ley que suspende el corte de servicios básicos a los clientes morosos promulgada para aminorar los efectos socioeconómicos de la pandemia.

La medida establece que las empresas proveedoras de servicios sanitarios, distribución de electricidad y de gas en red, no podrán cortar el suministro por demora en el pago. Como medida adicional estipula que las deudas contraídas que se generen entre el 18 de marzo de 2020, se repactarán en un máximo de 48 cuotas a partir de enero de 2022, y no podrán incorporar multas, intereses ni gastos asociados.

La preocupación está en la capacidad de pago de la deuda de adultos mayores y familias dentro del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, y cuyos ingresos están en el seguro de desempleo o en trabajos independientes, estos últimos afectados por la disminución de sus ingresos.

REALIDAD LOCAL

Se calcula que en la región de Los Lagos hay más de 40 mil clientes morosos por concepto de energía eléctrica, los que a la fecha mantendrían una deuda individual acumulada que promedia los 260 mil pesos y que podría llegar a 290 a finales de diciembre.

En el caso de Chiloé, antes del inicio de la pandemia, en enero de 2020, Saesa registraba un total de 800 clientes residenciales en calidad de morosos, que sumaba una deuda acumulada de 100 millones de pesos. A septiembre de 2021 el número en esta condición escaló a 5 mil, totalizando un valor acumulado en aproximado a los mil millones de pesos. Las comunas que más deudores aportan a la cifra son Castro con 2.500, Ancud con 2.000 y Quellón con 1.200.

Consultada sobre el tema, Javiera Fontecilla, gerente de Atención al Cliente de Saesa en Chiloé, indicó que a julio de este año eran 3 mil 200 sus clientes ya adscritos a la ley de servicios básicos de los 80 mil que hoy mantienen en la provincia. “Claramente hay un impacto y una diferencia abismante en lo que había previo a la pandemia. Como empresa lo hemos estado abordado desde el inicio, desde marzo de 2020, hemos estado llamando a nuestros clientes a acogerse a la Ley de Servicios Básicos, donde tenemos los formularios, a través de la web o en la oficina. Esto significaba que no iban a pagar durante este período y hasta que está vigente la ley y luego la opción de prorratear la deuda, en un plazo que se fue modificando que pasó de 12 a 48 meses (cuotas) como máximo”, expresó.

Agregó que la distribuidora ha puesto a disposición de sus clientes todos los mecanismos para aliviar la deuda a estas familias acogidos o no a la ley. Esto porque paralelamente a la norma entregan garantías de convenios para pago de la deuda. “Hoy estamos ofreciendo las mimas condiciones, las mismas opciones de 48 cuotas, sin intereses, con o sin pie. La verdad es que hoy a un cliente que no esté inscrito bajo el alero de esta ley, les ofrecemos las mismas condiciones en nuestros distintos canales”, expresó.

Finalmente, llamó a los clientes que están en esta condición a acogerse a la ley u optar por algunos de los mecanismos de repactación de deuda. “Tampoco estamos haciendo cortes residenciales, entonces, si para algunos le es un poco engorroso la inscripción o hacer el trámite (de la ley), entonces, se pueden acercar a las oficinas, llamar al contact center o a través de la web, y van a encontrar las mismas características y opciones para repactar”, apuntó.

Con todo, se estima que la deuda de las familias en esta condición por concepto de servicio de agua potable es similar a la que se presenta en energía eléctrica. En el caso del gas por cañería, en la región son casi 3 mil clientes que acumulan deudas superiores a los 340 mil pesos.

EVALUAR PROBLEMA

Consultado sobre el tema, el Diputado por Chiloé, Alejandro Santana, señaló que lo importante es abordar el tema con prontitud.  Lo primero, señaló, es identificar a las familias con dificultades para asumir la deuda y generar mecanismos de apoyo para evitar un problema mayor.

“Necesitamos primero cuantificar, y ya envié el oficio a la Superintendencia, al Ministerio y a los prestadores de servicios para ver la real magnitud del problema y establecer a tiempo medidas que permitan mitigar el impacto económico. Por ello, pedí hacer un levantamiento regional”, aseguró.

En esta línea apuntó que una vez se conozca la realidad se deben tomar las precauciones correspondientes en los casos que ameriten ayudas. “Las soluciones la podemos conversar en conjunto, pero una medida podría ser evaluar extender la cobertura de los subsidios que hoy se entregan a familias vulnerables para cubrir el gasto de algunos servicios básicos.  Que se revisen las fichas de protección social en el caso de los adultos mayores, para ojalá tener un subsidio que amortigüe el pago de esas cuentas o se le paguen las cuentas, porque para estas familias es mucha plata. Con todas las ayudas que se han entregado se puede hacer un último esfuerzo y evitarle una carga adicional a estas familias que pertenecen al 80% más vulnerable y que son en su mayoría adultos mayores”, apuntó.

La creación de algún mecanismo en ayuda para los casos más complejos podría darse en la discusión del presupuesto nacional que iniciará en el mes de diciembre próximo.