Tribunal acredita despido injustificado y ordena indemnizar a exfuncionarios de la Autoridad Sanitaria

El Tribunal de Letras del Trabajo de Castro resolvió acoger la demanda por tutela laboral de dos exfuncionarios de la oficina provincial de la Autoridad Sanitaria de Chiloé tras su desvinculación del organismo, dependiente de la Seremi de Salud, en diciembre de 2018.

Durante el proceso judicial los profesionales, que se desempañaban en la unidad de Acción Sanitara, alegaron que la decisión de no renovar su vínculo laboral (contrata) se debió a una serie de denuncias presentadas a su jefatura por irregularidades de parte de funcionarios y sobre funcionamiento de la oficina.

Estas acciones habrían generado un clima de acoso laboral en contra de los exfuncionarios por parte de sus colegas, generando un mal clima laboral que derivó en la decisión de la jefatura de desvincularlos de sus funciones.

La demanda fue ingresada en marzo de 2019 y recién en agosto de este año arribó a una sentencia, luego que el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Seremi de Salud, impugnara el primer proceso judicial inhabilitando a la jueza titular del tribunal de Castro, debiendo conocer del caso y resolverlo la jueza laboral de Ancud.

IRREGULARIDADES Y ACOSO

Finalmente, y tras el largo proceso judicial la Jueza Isabel Elena Velásquez Rojas acogió la denuncia de vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido y cobro de prestaciones, ratificando que en el caso se produjeron conductas de discriminación por arbitrariedad y afectación a la garantía de indemnidad en contra de los funcionarios por parte de sus jefaturas de ese momento.

En este contexto, Andrea Cecilia Ribas Seguel, una de las demandantes aseguró que los problemas iniciaron tras las denuncias presentadas de manera formal a la Seremi de Salud de la época, Scarlett Molt.  “Cuando tú denuncias, el resto se entera y empieza una presión psicológica y acoso laboral que es insostenible. Yo hice una denuncia por acoso laboral y no se hizo nada. Como estábamos molestando mucho, no nos renovaron el contrato”, apuntó.

Agregó que “la denuncia la hicimos en contra el manejo de la oficina y algunos funcionarios, contra Cristian Araneda, quien era el jefe provincial en ese momento y que actualmente se encuentra suspendido en sus funciones y bajo sumario administrativo, tanto por la denuncia que yo hice en marzo de 2019. Hasta la fecha, todavía no hay resultado”.

Sumó que “a mi colega lo comenzaron a acosar a nivel personal, a mí se me imputaron situaciones que nunca se demostraron, cosas que están fuera de lo común. Todos los días había una pesadez, un comentario. Yo decidí hacer una denuncia por acoso laboral y no se hizo nada, siempre siguiendo los conductos regulares”.

VALER DERECHOS

Ribas señaló que tras la ratificación del tribunal hay tranquilidad ya que se logró acreditar que hubo un despido irregular, sin un proceso administrativo correspondiente y que las denuncias realizadas no fueron tomadas en cuentas, y que no se desarrollaron procesos de investigación asociadas a estas denuncias.

“Creo que la reflexión es que ningún funcionario debe quedar a la deriva por hacer una denuncia. Ahora, una denuncia no es un hecho fehaciente, se debe probar y lo que solicitábamos es que se hiciera la investigación, pero nunca se hizo. Además, se nos acusó de manera injusta de cosas que nunca hemos realizado, entonces, todo fue muy injusto. Obviamente es un precedente para cualquier funcionario público que desea hacer una denuncia sin que pierda su trabajo. Eso me deja tranquila y que la gente no tenga miedo de denunciar”, concluyó.

Con todo, resolvió que la Seremi debe pagar como indemnización a los demandantes la suma de seis remuneraciones mensuales para ambos casos, que sumadas alcanza los 15 millones y medio, sin contar intereses y reajustes.

Como medida reparatoria la jueza ordenó publicar un aviso en todas las oficinas de la Seremi de Salud de Los Lagos en Castro, un letrero que indique el respeto a la normativa vigente en relación con los derechos fundamentales de carácter laboral y compromiso con el derecho a no cometer discriminación. Además, ordenó realizar una capacitación a los funcionarios sobre el tema e indicó a la entidad pagar las costas del juicio.