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Más de 16 mil toneladas de basura deberán ser retiradas de Puntra El Roble

Informe de referente en manejo de residuos apunta a que cumplir el fallo de la Corte Suprema conlleva un riesgo mayor, recomendando medidas previas al retiro de la basura dispuesta en el relleno provisorio.

El pasado fin de semana la Municipalidad de Ancud ingresó a la Corte Suprema el escrito en que se solicita explicar detalles respecto del cumplimiento de la sentencia que ordena retirar el pasivo ambiental que se encuentra depositado en el vertedero de Puntra El Roble en un plazo de 90 días.

Según estimaciones del mismo municipio, desde el 11 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2021 se acumularon más de 16.240 toneladas residuos, a lo que se suman las coberturas de tierra empleadas, las cuales superarían las 3.250 toneladas de material.

De ahí la preocupación sobre el mecanismo para cumplir la medida, el lugar donde llevar los residuos y los costos de mover la basura, los que según una estimativa inicial bordearían los mil millones de pesos.

La arista que se abre hoy día, es sobre el impacto ambiental del cumplimiento de la sentencia judicial en las condiciones que se indican. Esto ya que un asesor experto consultado por el municipio apunta a que mover la basura, sin un tratamiento, implica un mayor riesgo ambiental para el lugar y el proceso de traslado.

ACLARACIONES

Durante la última sesión sostenida por la Asociación de Municipalidad de Chiloé, el alcalde de Ancud, Carlos Gómez, quien fue nombrado como encargado de la Comisión de Residuos domiciliarios del organismo, confirmó que ingresaron una presentación a la Corte Suprema para dilucidar algunos temas.

“El día sábado hicimos llegar un documento de aclaración a la Suprema, para poder desarrollar la sentencia que se nos plantea como Municipalidad y como Autoridad Sanitaria. En ese mismo escrito, señalamos que adjuntaríamos un documento de un reconocido académico. Eso se ingresó y se dan a conocer todos los argumentos técnicos de cómo debe desarrollar y cuándo debe desarrollarse esa sentencia, y esperamos que se tome en consideración”, expresó Gómez.

En el documento ingresado a la Corte Suprema por el municipio, se pide aclarar esencialmente 4 puntos. Determinar si el proceso de retiro de basura debe ser autorizado, vigilado y fiscalizado de las autoridades administrativas competentes (Seremi Salud, SMA, SEA y Subsecretaría de Desarrollo Regional). Además, indicar si el plazo de 90 días es para consultar a los organismos respectivos determinar la factibilidad del retiro y traslado del pasivo ambiental.

Asimismo, pide aclara si sentencia se refiere a todo el “pasivo ambiental estabilizado” acumulado, excluyendo el “pasivo en degradación activa (proceso descomposición)”, advirtiendo que este último requiere estabilización para su retiro. Y finalmente, si el Gobierno Regional es la autoridad que debe determinar dónde disponer la basura.

INFORME TECNICO

Estas apreciaciones se enmarcan dentro del informe técnico que fue presentando en el escrito y encargado a Marcel Szantó Narea, destacado académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y referente nacional e internacional en el manejo de residuos.

Entre las conclusiones del informe de 49 páginas el especialista señala que se debe generar un tratamiento previo de la basura antes de moverla, ya que hay parte de ella que está en proceso de descomposición. “existe un pasivo ambiental con actividad biológica, química y física, por lo que se encuentra sin estabilidad suficiente para emprender una acción de retiro como la requerida en el caso”. Agrega que “el retiro del material en proceso de degradación activa o sin estabilidad, omitiendo lo señalado, solo genera un grave riesgo al medio ambiente a la salud de la población, y en especial, en el lugar donde se realice el retiro y donde el material activo sea depositado”.

El consultor sugiere cuatro medidas: La estabilización del pasivo para asegurar el retiro y disposición en condiciones de seguridad; un análisis geotécnico del recinto, para proyectar los fenómenos físico-químicos que, actualmente, tienen lugar en el relleno y la caracterización de los lixiviados y biogás, para determinar los requerimientos técnicos del sitio de disposición final al que debe trasladarse el pasivo ambiental. “Estas medidas se condicen con la metodología básica aplicable a los procesos de cierre o clausura, sellado y rehabilitación de rellenos sanitarios o vertederos. Los potenciales riesgos involucrados en una operación de retiro del pasivo ambiental son altos. Sin estas medidas y evaluaciones, por la actividad biológica y química actual, solo profundizará la brecha ambiental de la zona con riesgos a las variables ambientales” señala el documento.

SE PUDO EVITAR

Respecto al tema el Concejal de Ancud, Alex Muñoz, señaló que con el correr de los días ha quedado de manifiesto que el fallo no ha contemplado en su confección aspectos técnicos importantes. “Los diferentes expertos ambientales nos han dado a conocer del peligro de remover esos residuos sólidos en Puntra, es muy grande y puede provocar una contaminación mayor a la que está ahí. Según experto sería mejor sacar los líquidos lixiviados y sellar, más que disponerlos, ya que es una basura que está en descomposición, que tiene gases y líquidos, lo que hace peligroso su traslado a donde se disponga”, dijo.

Agrego que “lo puros líquidos lixiviados nos cuestan 500 millones de pesos, más la basura, estamos hablando de una cantidad sobre los mil millones de pesos, de ahí hacia arriba. Pero lo que más preocupa es que se contrata un experto ambiental ahora, cuando el daño ya está hecho. Desde el año pasado solicitamos contratación de personal calificado, y eso molesta porque todo esto se pudo haber evitado”, dijo.

Su par, Andrés Ibáñez, reconoció que en las condiciones dadas por el tribunal es muy difícil trasladar los pasivos a un lugar autorizado. “Insistimos en el enfoque de buscar las responsabilidades administrativas, tanto jurídicas como en la Dirección de Medio Ambiente, que hoy llevó al municipio a estar en esta posición tan compleja, donde se arriesga el patrimonio municipal del futuro, y no tenemos certeza de qué efectos económicos va a conllevar a nuestra ciudad este tremendo desembolso de dinero que significa cumplir el fallo”, apuntó.

Agregó respecto de la contratación del experto en estas circunstancias que debió realizarse desde un principio. “Siempre la comunidad de Puntra nos plateó que no era el lugar idóneo para el relleno y que nada está sobre la ley. Lo que entrega como fallo la Corete Suprema es algo que comunidad denunció desde el primer momento.  Creo que falta autocrítica y humildad (del Alcalde) y reconocer que hoy día quizá se están tomando las decisiones que debieron tomarse hacer más de un año atrás”.

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