Este lunes la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió a trámite un recurso de protección en favor de los vecinos que colindan con la empresa Cal Austral, en los límites de las comunas de Castro y Dalcahue.
Recordemos que desde hace unas semanas los residentes de los sectores de Puacura, Astilleros, San José, entre otros, retomaron sus reclamos por la contaminación que generaría la elaboración de cal agrícola a base de conchas que desarrolla le empresa en el lugar.
Ante esto, el Municipio de Dalcahue solicitó la fiscalización de la Autoridad Sanitaria y Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Esta última detectó varias irregularidades al interior de la planta, como la existencia de escurrimientos de lixiviados, generación de gases nocivos y aislamiento deficiente los sitios de acumulación de materia prima. Tras ello, la SMA generó medidas provisionales para la empresa.
RECURSOS
Marcos Vargas, administrador del Municipio de Dalcahue, señaló que la acción es fruto de las reuniones que desde el mes de julio se generaron con la comunidad afectada. Agregó que, a pesar de las medidas dispuestas por la SMA, aún es perceptible el mal olor y entienden que las medidas adoptadas no fueron suficientes.
“Se impusieron algunas exigencias a la empresa, pero no fue suficiente. Después de eso es perceptible el mal olor en todo el sector y por lo tanto no eran suficientes las medidas adoptadas. Por eso presentamos este recurso de protección el lunes a la Corte de Apelaciones, el cual se admitió a trámite y le dieron 5 días de plazo a la empresa para informar. Nosotros pedimos ahí una orden de no innovar, para que le prohíba recibir nueva conchilla, porque tienen muchos acopios, no solo en el terreno autorizado, que no han procesado y por lo tanto, creemos que no deben seguir recibiendo material”, expresó el abogado
En este contexto, uno de los tres ministros que revisó el recurso estuvo por acoger la orden de no innovar con los antecedentes que entregó el municipio, no obstante, la definición deberá esperar ya que se solicitó a la empresa evacuar un informe sobre la situación.
“Viene un trabajo intenso, pero vamos a hacer lo que ya hemos hecho en otros sectores como municipalidad, con el equipo que trabaja en temas ambientales, los abogados, y los vecinos y dirigentes de los sectores afectados, como lo hicimos en su minuto en Mocopulli con los vertederos industriales que hoy no están en funcionamiento”, indicó.
RECURSOS
Marcos Velásquez añadió que el recurso acompañó los antecedentes de las fiscalizaciones realizadas a la empresa en al menos seis inspecciones desde 2009 a la fecha, donde se han detectado problemas similares de malos olores, conchillas con materia orgánica, lixiviados y escurrimientos hacia causes. “Los mismos problemas que detectó hoy la superintendencia lo han detectado en cada fiscalización en los últimos 10 años. Y la empresa en 2015 fue condenada a pagar una multa, no al parecer seguir trabajando sin cumplir la ley es muy buen negocio, porque no cambian sus procesos. Eso después de una década no es aceptable”, apuntó.
Agregó que el recurso también fue ingresado porque el proceso ambiental es largo, entre 2 a 3 años. Un ejemplo de ello es una fiscalización realizada el 2019, que hasta el momento aún no tienen una resolución definitiva o sanción asociada.
“Una investigación para un problema tan grande no se pueden demorar más de 2 años, eso es una atentando contra la calidad de vida de las familias del sector. (…) Todo eso se resuelve en Santiago y a mil kilómetros no se aprecia la gravedad del problema, por eso que le decimos (al tribunal) que es necesario que la corte resuelva el problema los más rápido posible (…) por eso la orden de no innovar para nosotros es tan importante, ya que la tramitación puede ser más lenta de lo que uno quiere”, expresó.
