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Preocupante avance de la tala ilegal de bosque nativo en Chiloé

Una revisión de la realidad vinculada a la explotación ilegal de bosque nativo y la necesidad de sumar nuevas entidades fiscalizadoras planteó la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la provincia de Chiloé.

La tala ilegal de recursos forestales tiene su origen en una tradición casi cultural vinculada al uso de leña como fuente de energía o combustible en los hogares chilotes.

Solo durante el 2020 la Conaf realizó 170 controles en diferentes puntos del territorio insular logrando establecer las llamadas “zonas rojas” debido a la creciente actividad extractiva de madera al margen de toda disposición de orden legal.

El fenómeno deja en evidencia el severo daño medioambiental sumado al manto de impunidad en que operan los infractores de ley quienes intervienen predios privados o de propiedad del Estado de Chile.

Claudia Guineo, encargada de la oficina provincial de la Conaf sostiene que para combatir este problema resulta fundamental integrar a otras instituciones estatales para fortalecer el plan de fiscalización en la Isla de Chiloé.

“Lo que se pretende es fortalecer el trabajo de fiscalización que viene realizando el departamento de fiscalización en nuestra provincia incorporando a otros servicios, incorporando a Carabineros y fortaleciendo estos vínculos que tenemos desde hace tiempo”.

afirmó la funcionaria.

Guineo profundizó que los controles han llevado a fijar diversos puntos en la zona centro de la provincia donde se ha detectado la tala de árboles con los consiguientes daños medioambientales.

Sobre las áreas arrasadas, la personera precisó que “son por ejemplo al norte del lago Huillinco, en Chonchi, el lago Nepué en Queilen, al sur del lago Coihuín también en Chonchi, al norte y sur del lago Tres Marías en Quellón, al este de Coinco en Quellón, entonces es preocupante la situación” a lo que sumó que parte de la explotación se registra en predios fiscales.

“De alguna manera se le denomina como tierra de nadie, todos quiere obtener lo suyo, se meten y talan bosques de manera irregular, sin planes de manejos, no lo hacen de manera sustentable y eso es lo que provoca la degradación y destrucción de nuestro bosque”, reflexionó la encargada de la Conaf.

La legislación forestal deja al descubierto su fragilidad toda vez que la tala ilegal no es un delito, sino que una falta lo que redunda en la ausencia de penas privativas de libertad. Básicamente son los juzgados de policías locales los llamados a castigar con multas a los infractores las cuales en muchos casos son rebajadas al momento de su aplicación.

Sin embargo emerge la denuncia por el delito de robo de madera siendo una de las aristas por las cuales se podría encausar una denuncia. Durante el reciente año la institución fiscalizadora reveló la destrucción de 217 hectáreas de superficie boscosa por la cual se tradujo en una mula propuesta de $6.700 millones.

En esta línea el director regional de la Conaf, Jorge Eichele, enfatizó que la tala de bosque mientras tenga la tipificación de falta facilita la comisión de este tipo de ilícitos.

Mención aparte merece la destrucción de superficies boscosas nativas siendo prácticamente irrecuperable para el ecosistema.

“Hay gente que vive de esto y es un negocio bueno, porque se está afectando un recurso que generalmente es ajeno o es un predio fiscal o un predio privado, pero que no es de la persona que está talando, por lo tanto es bastante rentable”, explicó la autoridad.

Eichele agregó que el impacto negativo en la flora “es un daño muchas veces irreparable, en Chiloé tenemos los bosques de tepuales que son ecosistemas que no se van a recuperar”.

“Es una tremenda pérdida porque no están solo los árboles, sino que está toda la fauna, los musgos, hay un montón fe biodiversidad relacionada con el ecosistema”, mencionó el personero.

BIENES NACIONALES

Dado el complejo panorama que ofrece la explotación ilegal de recursos forestales es que el Ministerio de Bienes Nacionales hizo eco del llamado de la Gobernación de Chiloé para sumarse en la difícil tarea de fiscalización en terrenos fiscales y privados.

Fernando Ruiz, encargado de la oficina provincial de ese servicio sostuvo que “fuimos convocados por el gobernador para poder realizar un trabajo de fiscalización de los terrenos que están sufriendo potencialmente tala ilegal”  a lo que añadió que bajo esta condición “la idea es aportar con información y de esa manera proyectar en el período de verano una serie de fiscalizaciones que van a ayudar a mermar esta tala y amedrentar a aquellas personas que están cometiendo esta clase de delito o que pretenden hacerlo”.

A su vez el representante del Ejecutivo en el Archipiélago, Pedro Andrade, admitió que la extracción de madera irregular es un tema que inquieta y obliga a potenciar las tareas de control en los campos chilotes.

“Es un hecho que nos preocupa y nos ocupa, por lo cual nos reunimos con servicios públicos a fin de preparar un cronograma intensivo de fiscalización para evitar la tala indiscriminada de árboles, especialmente en aquellos predios que son del Estado de Chile”, aseguró el profesor.

Andrade sumó que “la tala no autorizada de bosques es muy dañina para nuestro medio ambiente, por ello vamos a ocupar todas las herramientas legales disponibles para tratar de detener la corta ilegal de especies nativas en recintos fiscales de nuestra provincia de Chiloé”.

CARABINEROS

Desde la Prefectura de Carabineros Chiloé y Palena se hizo especial hincapié respecto a los controles carreteros a los que se someten los transportistas.

Una vía clave para constatar sí la carga es legal o carece de la documentación para su desplazamiento y comercialización en el mercado formal.

Así lo precisó el jefe (s) de la Prefectura, mayor, Sergio Urrutia, al sostener que “nosotros en los controles carreteros, verificamos que las personas cuenten con la guía de libre tránsito para el traslado de madera y si no es así procedemos a cursar la infracción y la denuncia respectiva”.

El uniformado sostuvo que la otra vía de control y prevención consiste en replicar información entre los agricultores o productores madereros.

Urrutia dijo que “entregamos información a los agricultores, a la gente que trabaja en los sectores rurales, cómo hay que cuidar y cuáles son los pasos a seguir, trabajamos también con Conaf y personal de fiscalización, estamos programando a futuro fiscalizaciones en conjunto”.

“La idea es realizar una fiscalización integral que tenga un efecto disuasivo para quienes se dedican a la tala ilegal y refuerce a quienes lo hacen de manera legal y reglamentaria, porque ellos ya cuentan con un plan de manejo y están trabajando en regla”, puntualizó el Prefecto de Carabineros.

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