Memoria, verdad y justicia para los chilotes fusilados, desaparecidos y olvidados en la patagonia

Los hermanos Vera Bórquez nacieron en Ichuac, isla de Lemuy, Paulino el 20 de julio de 1899 y Santiago el 2 de septiembre de 1901; y cuando cumplieron dejaron de ser niños y tenían edad para trabajar viajaron a ser esquiladores en las estancias de Santa Cruz, Argentina, y nunca más regresaron ni se tuvo noticias de ellos. Un tiempo después cuando en Chiloé los sobrevivientes superaron el miedo y hablaron del fusilamiento de obreros en las estancias de la Argentina, su hermano mayor viajó a Punta Arenas queriendo saber que había sucedido con Paulino y Santiago Vera; a su regreso nada dijo del resultado de sus averiguaciones.

Su nieta Marcela Vera, hoy vive en Suecia, supone que su abuelo que viajó a buscar a sus hermanos sabía que fueron fusilados y escondió la verdad a su madre. Esta sospecha surge porque a su hijo, el padre de Marcela, lo bautizó con el nombre de Wilkens el apellido de Kurt Gustav Wilkens el anarquista que el 27 de enero de 1923 haciendo justicia a los obreros fusilados envió a la muerte al coronel del ejército argentino Héctor Benigno Varela que en la Patagonia fue gobierno, juez, verdugo y sepulturero de los obreros que persiguió.

Esos dos jóvenes desaparecidos en la Patagonia, Paulino y Santiago Vera Bórquez tenían conciencia social, un terrible pecado de libertad en aquel Chiloé donde el miedo era el pegamento de una sociedad rebozada en sus propias calamidades. Por miedo al infierno era obligación pagar el diezmo a la iglesia. Recuerda Marcela que sus tíos abuelos un día decidieron no entregar al cura y llevar dinero a casa vendiendo los productos que, en carreta, a paso de bueyes lentos, llevaron a Puqueldón. Allí vendieron las papas, la avena, las verduras y manzanas porque consideraron era una injusticia que los pobres entregaran lo poco que tenían a una institución dueña de propiedades improductivas.

Muchos podrán considerar que es ilusorio creer que de aprobarse la propuesta constitucional nuestros representantes en los organismos del estado promoverán el inicio de una investigación para el conocimiento y esclarecimiento de la verdad y encontrar justicia respecto de la violación de los derechos humanos de aquellos emigrantes que fueron encarcelados, torturados o hechos desaparecer después que fueron fusilados en la Patagonia argentina. Pienso que las familias podrán exigir del Estado que tales crímenes sean investigados para dilucidar la incertidumbre de no saber cómo desaparecieron sus abuelos en la Patagonia argentina cuando fueron a buscar trabajo y encontraron la muerte

La propuesta de constitución política de la república de Chile en su artículo 24 afirma que “las víctimas y la comunidad tienen el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo territorial”. Este párrafo establece una de las muchas diferencias que existen entre esta propuesta constitucional y aquella que se quiere derogar. Una constitución impuesta que no defiende los derechos humanos y en su origen contenía un artículo octavo transitorio que permitió a la dictadura pinochetista perseguir a los opositores condenándolos con la desaparición forzada y legitimaba la existencia de entidades represoras, además de la tortura, el exilio, la relegación, la detención sin orden judicial y otras penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En la propuesta de nueva constitución explícitamente se afirma que “los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión son imprescriptibles e inamnistiables”. Entonces, creo no equivocarme, al afirmar que de aprobarse esta propuesta constitucional se podrá solicitar verdad y justicia para aquellos acontecimientos que se mantienen olvidados o disminuidos históricamente. Crímenes de lesa humanidad y genocidios que ocurrieron en el siglo pasado y que nuestra sociedad ha escondido en los estantes discriminatorios donde se entelarañan y olvidan como si fueran sucesos inservibles de la historia.

Llevo varios años escribiendo sobre este asunto y no sé si me he explicado, se me ha entendido o he convencido o no a alguien, pero continuó intentando se conozcan estos acontecimientos trágicos ahora considerándolos desde la propuesta constitucional que garantiza los derechos a la verdad, justicia y reparación cuando se dice que “es deber del estado preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos y documentos, en sus distintos soportes y contenidos”. Este solo párrafo, y creo no equivocarme, garantiza verdad y justicia a los familiares de los centenares de chilotes que en las estancias de Santa Cruz, Argentina, entre octubre de 1921 y febrero del año 1922, fueron fusilados y hechos desaparecer por ser representantes de la Sociedad Obrera de Rio Gallegos, por participar en una huelga pidiendo vivir dignamente en los galpones donde alojaban, y que la jornada laboral tuviera un día de descanso, que la tarde del sábado fuera para lavar la ropa y el aseo personal. Otros fueron fusilados por ser indígenas que andaban mendigando trabajo por las estancias. El ejército argentino ocultó el lugar de los fusilamientos y el nombre de las víctimas. En la cárcel de Rio Gallegos más de un centenar de obreros chilotes soportaron torturas y trabajos forzados. El estado chileno fue cómplice del fusilamiento, prisión forzada y torturas de los obreros emigrantes chilotes. Esta complicidad es notoria cuando permite que las tropas argentinas crucen la frontera y con sus prisioneros alojen en una estancia ubicada en territorio chileno. Además, el gobierno chileno envió soldados a custodiar las fronteras para apresar a quienes escapaban de los fusilamientos y entregarlos al ejército argentino. Así sucedió en Magallanes, y en Aysén donde las tropas de los regimientos de Llanquihue y Chiloé recorrieron la frontera buscando un batallón de bandoleros que invadiría Chile. Una mentira inventada por los dueños de las estancias para utilizar al gobierno chileno como cómplice de aquella represión. El cónsul de Chile en Rio Gallegos nunca escuchó las denuncias ni recibió a los parientes de los obreros chilotes presos y torturados en la cárcel de esa ciudad, siguiendo órdenes del gobierno siempre afirmó que los huelguistas eran bandoleros.

En los párrafos citados la propuesta constitucional garantiza el derecho a la verdad, la justicia, preservar la memoria y el acceso a los archivos y documentos, en sus distintos soportes y contenidos; si esto se pudiera concretar encontraríamos lo que ocultó el gobierno en aquella época y permitirá a los familiares iniciar una demanda para obtener verdad, justicia y reparación. En estos días, en Argentina, el Congreso de ese país analiza un proyecto para declarar que esa represión fue un crimen de lesa humanidad. En la Patagonia argentina desde hace varias décadas se pide verdad y justicia para los obreros fusilados en las estancias, pero ha sido una demanda manchada con un comportamiento social que, durante más de un siglo, marcó a los emigrantes provenientes de Chiloé con el desprecio y la discriminación. Se pedía verdad y justicia, pero sin nunca reconocer que la mayoría de los obreros fusilados, desaparecidos o encarcelados eran chilotes.

La pregunta es: ¿Si se aprueba esta propuesta constitucional los familiares de aquellos obreros chilotes fusilados y hechos desaparecer en la Patagonia argentina podrán demandar verdad y justicia, el derecho a investigar y preservar la memoria de esos acontecimientos, el acceso a los archivos y documentos del gobierno de aquellos tiempos y la creación de memoriales?

Territorio Cultural: Luis Mancilla Pérez